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Regulación, Salud

Cómo el Ministerio de Salud compiló las tácticas antivapeo en un documento

 marzo 8, 2020

“Manual para la guerra de la desinformación” podría ser el título de una públicación del Ministerio de Salud de 2018 sobre los vaporizadores. El documento, en realidad, se titula “Guía de Lectura Rápida sobre el cigarrillo electrónico“, pero en realidad es un documento que nos muestra varias tácticas de quienes se oponen a la libertad de elegir de adultos responsables.

El manual despliega es un conjunto de ciencia chatarra, información desactualizada, ocultamiento de datos, y negación de la evidencia, entre otras

Esta campaña tiene terribles consecuencias para la salud de nueve millones de fumadores en Argentina, y más de mill millones alrededor del mundo. Los lleva a tomar decisiones que, de haber estado informados correctamente, no las hubisen tomado.

La publicación comienza con una de las obsesiones de los cruzados antivapeo: la nicotina.

Pese a que sea un estimulante similar a la cafeína, el material destaca que se “administran cantidades no controladas de nicotina”, en un reconocimiento de las consecuencias negativas que acarrea la prohibción de la venta de líquidos.

Unos renglones más abajo sostiene que “se propone como un producto ‘menos dañino’ que el cigarrillo fumado, lo que podría constituir un falso reaseguro y contribuir a dilatar la decisión para dejar de fumar”.

Es verdad que el vapeo y el fumar productos de combustión como los cigarrillos, pipas o habanos, tienen similitudes. En ambos se tiene algo en la mano, ambos tienen nicotina. Pero unos emiten vapor, y los otros humo.

Y este no es un detalle menor. Se pueden encontrar muchos trabajos publicados acerca del cigarrillo electrónico como una alternativa varios órdenes de mangitu menos riesgosa y dañina que el cigarrillo convencional.

Las consecuencias de esa información induce a los fumadores a pensar que el cigarrillo combustible es tan o más dañino que vapear. Una lisa y llana mentira.

Ocultamiento

Otra de las tácticas habituales es el ocultamiento de información clave. Por ejemplo, en el documento cuando menciona los resultados de análisis toxicológicos del vapor enumera una cantidad de sustancia halladas en el aerosol (vapor), pero que nada nos dice acerca del daño que produce el vapor.

Lo que es necesario saber es la cantidad en la que están presentes esas sustancias. Y los estudios demuestran que la presencia de sustancias tóxicas en el vapor del cigarrillo electrónico están por debajo de los niveles establecidos por las regulaciones laborales de Estados Unidos.

El caso del diacetilo (un saborizante que se puede ingerir pero no inhalar y que puede causar bronquilitis obliterante) es un ejemplo claro de esto. El estudio citado, de 2013, concluyó que algunos liquidos de vapeo contenían diacetilo, sin embargo, omite mencionar que, tras la investigación, el Reino Unido prohibió el uso de diacetilo en líquidos de vapeo, y desde entonces no se lo ha detectado. Por supuesto, con la prohibición de la venta este tipo de cuestiones es imposible de regular, exponiendo así a los usuarios al uso de sustancias no aptas para la inhalación.

En la guerra de la desinformación transformar hechos circunstanciales o anecdóticos en verdades absolutas es muy habital

La excepción como la regla

Otra de las tácticas es la selección de estudios científicos que con problemas metodológicos o que llegan a conclusiones que no se pueden inferir a partir de los datos presentados.

Un reflejo de esto es la afirmación del Ministerio de Salud acerca de que la inhalación de vapor de segunda mano contiene “cantidades mensurables de partículas ultrafinas formadas desde el contenido gaseoso sobresaturado con 1,2-propanodiol, nicotina y glicerina que pueden depositarse en el pulmón1”. Dicha aseveración surge de un paper que causó mucha controversia en la comunidad científica, e incluso llegó a ser tildado de “ciencia deshonesta“.

“El problema más grande, que sugiere tanto una falta de comprensión y posible sesgo político, es la reiterada referencia a las gotas del aerosol como “partículas” y sugiriendo que se comportan de forma similar a las partíuclas sólida”, sostiene Carl V. Phillips.

Incluso, las conclusiones de ese documento citado por el Ministerio de Salud contradicen la política vigente en Argentina, pues los autores sostienen que “en vistas de la seguridad del consumidor, los cigarrillos electrónicos y líqudios de nicotina deberían ser oficialmente regulados y etiquetados con las advertencias adecuadas sobre los potenciales efectos en la salud, particuarlment la toxicidad en los niños”. Es decir, incluso estos autores que tienen un claro sesgo anti-vapeo no recomiendan su prohibición.

Por último, el informe de Salud enumera una cantidad de técnicas que no se recomiendan para dejar de fumar, ya sea por “insuficiente evidencia de efectividad o bien por contar con evidencia de ineficacia”. En el primer grupo podemos encontrar a los cigarrillos electrónicos junto a la glucosa, acupuntura tradicional, electorestimulación, bioinformación y deprivación sensorial.

Sin embargo, de todas esas técnicas, la única que está prohibida su comercialización es el vaporizador. ¿Por qué? A diferencia de los otros productos o técnicas apuntadas a determinados nichos, el vapeo apunta al fumador como cliente, y el mercado de los fumadores está altamente disputado por intereses económicos de tabacaleras, laboratorios, el gobierno y otros jugadores. Los recursos en juego son muchos.

Ya están comenzando a publicarse estudios que afirman que el vaporizador es efectivo para dejar de fumar, el doble de efectivo que las terapias que recomienda el Ministerio. ¿Hasta cuando podrán negar la evidencia?

El Ministerio de Salud tiene en sus manos el poder de ayudar a millones de fumadores a dejar de fumar con la sencilla decisión de promover una regulación sensata sobre el cigarrillo electrónico, o bien cargar sobre sus espaldas las consecuencias de la prohibición: miles de muertes que podrían haberse evitado.

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